El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto ley por el que se efectúa la segunda convocatoria de las ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España con 106.466.130 euros y reguladas mediante el decreto ley 5/2021, de 9 de junio.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien ha señalado que el objetivo de esta segunda convocatoria es ampliar el ámbito de las posibles empresas beneficiarias, que abarcará la práctica totalidad del tejido productivo salvo algunas excepciones.
En concreto, se abre a todos los subsectores de educación; a todas las actividades personales, científicas y técnicas; a las actividades de telecomunicaciones, servicios de transporte, y a todas las actividades de comercio al por menor y al por mayor.
En la convocatoria anterior solamente podían ser beneficiarios algunos subgrupos de esos sectores, mientras que en la nueva convocatoria se incluye a todos. En cuanto a las excepciones, según la clasificación CNAE, quedan excluidas las actividades de la sección K de actividades financieras y de seguros, actividades asociativas y actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.
Gil Rosiña ha aclarado que los requisitos que se piden a las empresas para poder acceder a las ayudas son los mismos que en la primera convocatoria, y que se corresponden con los establecidos por el Gobierno de España, si bien ha anunciado que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar la semana próxima un acuerdo mediante el que se pondrán “encima de la mesa” todas las herramientas que permitan que las ayudas lleguen al mayor número posible de empresas y, de este modo, “sortear la difícil situación” que ha provocado la crisis de la Covid-19 en el sector productivo.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, la finalidad de esta segunda convocatoria es evitar que se puedan “perder” unos 70 millones de los 106 presupuestados por el Gobierno de España, ya que hasta el momento se han abonado 29 millones de euros y, una vez resueltos los expedientes en tramitación, se podrían alcanzar los 35 millones abonados como máximo.
AYUDAS A LA CONCILIACIÓN
Gil Rosiña ha añadido que el nuevo decreto ley incluye, además, una modificación de las bases reguladoras de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19, reguladas en la orden de 6 de julio de 2020, de la Consejera de Igualdad y Portavocía.
Esta modificación, ha aclarado, supone “un segundo intento” para unas subvenciones que, en su primera convocatoria, con una dotación de un millón de euros, solo fueron solicitadas por 5 familias, una respuesta que no ha extrañado a la Junta de Extremadura porque resulta difícil cambiar “con un decreto” la economía sumergida y los hábitos que sitúan a la mujer en el centro de los cuidados familiares, en muchas ocasiones sin remuneración.
De esta forma, se eleva a 4 veces el IPREM establecido como requisito de rentas o ingresos brutos mensuales para el supuesto de familias monoparentales, que en las bases objeto de modificación se fijaba en 3 veces, y se incrementa a 8 veces el IPREM si la unidad familiar no es monoparental, cuando en las bases modificadas ascendía a 6 veces.
Por otra parte, se eleva el importe de la subvención que, dependiendo del tramo y base de cotización correspondiente de la persona empleada, según el nº de horas trabajadas al mes, oscilará entre los 200 y 1.100 euros mensuales, cuando antes se situaba en un rango entre los 300 y 900 euros mensuales.
Tras esta modificación habrá una segunda convocatoria, dotada asimismo con un millón de euros, según ha avanzado Gil Rosiña, todo ello con la finalidad de implantar políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad.
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